Más tarde, en 1972, un agente bien informado del Departamento de Seguridad reconoció: “Nos dimos cuenta de que hacer públicos los juicios de los testigos de Jehová y hablar contra su propaganda no contribuía a debilitar su organización, sino que tenía el efecto contrario”. La lealtad a Jehová había triunfado.

Con exceso de paciencia, los hermanos repitieron a los tribunales su postura mediante cartas que ellos mismos o sus representantes legales presentaron a las autoridades. Finalmente, en mayo de 1963, siete jueces del Tribunal Supremo decidieron: “Declarar disuelta la sociedad religiosa significa, lógicamente, que se prohíbe toda forma de actividad organizada, pero no influye en el culto individual, el cual no puede ser punible”.