Los gobernantes católicos de España persuadieron al papa Sixto IV para que publicara una bula que los autorizara a ellos a nombrar a los inquisidores con el fin de vigilar y castigar la herejía. Desde entonces, el Estado financió la Inquisición y estableció los procedimientos que debería seguir. Había comenzado una cruzada para imponer una estricta uniformidad religiosa en el país. La institución fue dirigida principalmente por frailes dominicos y franciscanos, aunque estaba supervisada por la monarquía.

Este fue un matrimonio de conveniencia entre la Iglesia y el Estado. Aquella deseaba erradicar la amenaza que percibía en los miles de españoles judíos y árabes que habían sido forzados a convertirse al catolicismo, pero de los que se sospechaba que conservaban sus anteriores creencias. Más tarde, utilizaría el mismo aparato para erradicar a los grupos protestantes que aparecieron el siglo siguiente.

La Inquisición también demostró ser un poderoso instrumento para el Estado. Suprimió la oposición, generó sustanciosos ingresos de los bienes confiscados a las víctimas y concentró el poder en las manos de la monarquía. Por más de tres siglos esta temida institución impuso su voluntad sobre el pueblo español.

Torquemada: el inquisidor más notorio

En 1483, tres años después de haberse implantado de nuevo la Inquisición en España, fue nombrado inquisidor general Tomás de Torquemada, un fraile dominico que, irónicamente, era de ascendencia judía. Su crueldad para con los sospechosos de herejía no tuvo parangón. El papa Sixto IV lo elogió por haber “encaminado vuestro celo a esas materias que contribuyen a la alabanza de Dios”.

La verdadera cara de la Inquisición

La Inquisición fomentó inevitablemente la avaricia y la sospecha. El papa Sixto IV se quejó de que los inquisidores estaban demostrando más deseo por el oro que celo por la religión. Cualquier persona pudiente estaba en peligro de ser denunciada, y aunque podía ser “reconciliada con la Iglesia” durante el proceso inquisitorial, de todos modos se le confiscaban sus bienes.

A otros se les juzgaba después de muertos, y se dejaba en la miseria a sus herederos, algunas veces sobre la base de informadores anónimos que recibían un porcentaje de las riquezas incautadas. La amplia utilización de espías e informadores produjo un clima de temor y sospecha. Con frecuencia se invocaba a la tortura para obtener los nombres de otros “herejes”, lo que resultó en el arresto de muchas personas inocentes sobre la base de evidencia insustancial.