La batalla de Quebec

A pesar de que casi todo Canadá respetaba ya la libertad religiosa de los testigos de Jehová, había una excepción: la provincia católica francesa de Quebec, dominada directamente por la Iglesia Católica Romana durante más de trescientos años. Las escuelas, los hospitales y la mayoría de los servicios públicos pertenecían al clero o estaban bajo su control. El cardenal católico incluso tenía un trono junto a la silla del presidente de la Cámara Legislativa de Quebec.

El primer ministro y fiscal general de Quebec, Maurice Duplessis, era un dictador que, en palabras del historiador de Quebec, Gérard Pelletier, sometió a la provincia a “un reinado de veinte años de mentiras, injusticias y corrupción, el abuso sistemático del poder, la manipulación de mentes cerradas y el triunfo de la estupidez”. Duplessis consolidó su poder político trabajando de la mano del cardenal católico Villeneuve.

A principios de la década de los cuarenta había trescientos Testigos en Quebec. Muchos de ellos, incluido mi hermano Joe, eran precursores procedentes de otras regiones de Canadá. Cuando la obra de predicar aumentó en Quebec, el clero presionó a la policía y esta lanzó un contraataque, hostigando a los Testigos con repetidos arrestos y aplicando incorrectamente reglamentos comerciales a nuestras actividades religiosas.

Mis viajes de Toronto a Quebec eran tan frecuentes que finalmente se decidió que residiera en Quebec a fin de cooperar con los abogados no Testigos que representaban a nuestros hermanos cristianos. Mi primera obligación cada día era determinar a cuántos se había arrestado el día anterior y acudir sin demora al tribunal local para acordar la fianza. Felizmente contábamos con Frank Roncarelli, un Testigo acaudalado que en muchas ocasiones facilitó el dinero para la fianza.

De 1944 a 1946, la cantidad de procesos judiciales por supuestas infracciones a los reglamentos se dispararon, de cuarenta a ochocientos. A los Testigos no solo los detenían y acosaban las autoridades, sino que también los atacaban chusmas descontroladas, incitadas por el clero católico.

Los días 2 y 3 de noviembre de 1946 se celebró en Montreal una reunión especial para afrontar la crisis. El hermano Knorr pronunció el último discurso, titulado “¿Qué vamos a hacer?”. A todos los concurrentes les agradó escuchar su respuesta: la lectura en voz alta del documento, ahora histórico, Quebec’s Burning Hate for God and Christ and Freedom Is the Shame of All Canada (El odio ardiente de Quebec a Dios, Cristo y la libertad es la vergüenza de todo Canadá). Se trataba de un candente impreso de cuatro páginas, una denuncia detallada con nombres, fechas y lugares de disturbios instigados por el clero, brutalidad policíaca, detenciones y violencia de chusmas contra los testigos de Jehová de Quebec. Su distribución por todo Canadá comenzó solo doce días después.

A los pocos días, Duplessis declaró en público una “guerra sin cuartel” contra los testigos de Jehová. Pero, sin saberlo, nos hizo un bien. ¿De qué manera? Al dictar que cualquier persona que distribuyera el impreso Quebec’s Burning Hate sería culpable de sedición, un delito bastante grave que nos llevaría al Tribunal Supremo de Canadá, por encima de los tribunales de Quebec. En su arrebato de cólera, Duplessis imprudentemente pasó por alto esa consecuencia. Después, él mismo ordenó que se cancelara la licencia para la venta de licor de Frank Roncarelli, quien había sido nuestro principal apoyo para el pago de fianzas. Al no contar con vino, el buen restaurante que el hermano Roncarelli tenía en Montreal se cerró en cuestión de meses, y el hermano se arruinó.

Las detenciones se multiplicaron. En vez de ochocientos procesos, pronto tuvimos 1.600. Muchos abogados y jueces se quejaron de que todos esos juicios de testigos de Jehová estaban atascando los tribunales de Quebec. En respuesta, les propusimos un remedio sencillo: que la policía detuviera a los delincuentes en lugar de a los cristianos, lo cual resolvería el problema.

Dos valerosos abogados de origen judío, A. L. Stein, de Montreal, y Sam S. Bard, de la ciudad de Quebec, nos dieron su apoyo al representarnos en muchos litigios, sobre todo antes de que yo fuera admitido en el Colegio de Abogados de Quebec en 1949. Pierre Elliott Trudeau, posterior primer ministro de Canadá, escribió que los testigos de Jehová de Quebec habían “sido ridiculizados, perseguidos y odiados por toda nuestra sociedad; pero se las han arreglado por medios legales para luchar contra la Iglesia, el gobierno, la nación, la policía y la opinión pública”.

Se dejó ver la postura de los tribunales de Quebec por la forma en que trataron a mi hermano, Joe, acusado de perturbar la paz. El juez municipal Jean Mercier le dio la pena máxima de sesenta días de cárcel. Entonces perdió el control por completo y gritó desde el estrado que le hubiera gustado encarcelarlo de por vida.

Un periódico dijo que Mercier había ordenado a la policía de Quebec “detener en el acto a cualquier Testigo declarado o de quien se sospechara que lo fuera”. Tal conducta solo demostró la veracidad de las denuncias de nuestro tratado Quebec’s Burning Hate. En los diarios canadienses fuera de Quebec eran típicos los titulares como: “Vuelve el oscurantismo a Quebec” (The Toronto Star), “Resurge la Inquisición” (The Globe and Mail, de Toronto), “Apesta a fascismo” (The Gazette, de Glace Bay, Nueva Escocia).

Se litiga el cargo de sedición

En 1947 fui el asistente del señor Stein para nuestro primer litigio por cargo de sedición, el de Aimé Boucher. Aimé había distribuido algunos tratados cerca de su hogar. En el proceso demostramos que el impreso Quebec’s Burning Hate no contenía falsedades, sino que solo empleaba lenguaje fuerte de protesta por las atrocidades cometidas contra los testigos de Jehová. Señalamos que no se había presentado ningún cargo contra quienes las habían perpetrado. Aimé solo les había dado publicidad. La postura de la fiscalía era, en otras palabras, que decir la verdad se había convertido en delito.

Los tribunales de Quebec se habían basado en una vaga definición de “sedición” de trescientos cincuenta años de antigüedad, de la que se deducía que cualquier persona que criticara al gobierno sería incriminada. Duplessis había recurrido igualmente a dicha definición para reprimir las críticas contra su régimen. Pero en 1950, el Tribunal Supremo de Canadá aceptó nuestro argumento de que, en una democracia moderna, la “sedición” implica incitar a la violencia o provocar una insurrección contra el gobierno. El impreso Quebec’s Burning Hate no contenía ninguno de tales elementos, por lo que constituía un instrumento lícito de libertad de expresión. Con esa trascendental decisión quedaron anulados los 123 juicios por sedición. Pude ver con mis propios ojos cómo Jehová concedía la victoria.

Lucha contra la censura

La ciudad de Quebec tenía un reglamento que prohibía la distribución de obras impresas sin el permiso del jefe de la policía. Eso constituía censura directa y, por consiguiente, una violación de la libertad religiosa. Laurier Saumur, que en ese entonces era superintendente viajante, había pasado tres meses en la cárcel por la aplicación del reglamento y se le imputaban otros cargos relacionados.

En 1947 se entabló una demanda civil a favor del hermano Saumur en la que se pedía que se prohibiera a la ciudad de Quebec emplear su reglamento contra los testigos de Jehová. Los tribunales de Quebec fallaron en nuestra contra, y apelamos de nuevo al Tribunal Supremo de Canadá. En octubre de 1953, después de siete días de audiencia ante los nueve jueces del Tribunal, se aprobó nuestra petición de un interdicto. El Tribunal reconoció que la distribución pública de sermones bíblicos impresos constituye una parte fundamental de la adoración cristiana de los testigos de Jehová y, en consecuencia, se halla protegida por la Constitución contra la censura.

De este modo, en el caso Boucher se decidió que lo que los testigos de Jehová decían era legal, mientras que la decisión en el caso Saumur estableció cómo y dónde podían decirlo. La victoria en el caso Saumur condujo a que se desestimaran más de mil cien demandas por asuntos reglamentarios en Quebec; en Montreal también fueron retiradas más de quinientas acusaciones por total falta de pruebas. Pronto nuestro historial estuvo limpio, no quedó ningún juicio pendiente en Quebec.

El ataque final de Duplessis

A principios de enero de 1954, cuando se le acabaron las leyes que podía usar en contra de los testigos de Jehová, Duplessis pasó a la asamblea legislativa un nuevo proyecto de ley, la Ley número 38, descrita por los medios noticiosos como la “ley antitestigos de Jehová”, la cual decretaba que cualquier persona que sospechara de que alguien intentaba hacer una declaración “grosera o insultante” podía presentar una demanda sin la necesidad de suministrar ninguna prueba. Como fiscal general, Duplessis podría entonces conseguir un interdicto para prohibirle al acusado cualquier declaración en público. Una vez impuesta la prohibición a un individuo, todos los miembros de su iglesia quedarían igualmente incapacitados para expresarse. Además, se confiscarían y destruirían las Biblias y publicaciones religiosas que fueran propiedad de dicha iglesia, y se cerrarían sus lugares de culto hasta que se emitiera un fallo sobre el caso, lo cual podría tomar años.

La Ley número 38 era copia de una ley concebida en el siglo XV durante la Inquisición española bajo Torquemada. En aquel entonces, el acusado y sus colaboradores perdían todos sus derechos civiles aunque no existieran pruebas del delito. Con respecto a la Ley número 38, la prensa difundió la noticia de que la policía provincial había recibido órdenes de cerrar los Salones del Reino de los Testigos de Jehová y de confiscar sus Biblias y demás publicaciones para destruirlas. Ante tan monstruosa amenaza, los testigos de Jehová retiraron de la provincia todas sus publicaciones religiosas. No obstante, siguieron adelante con la predicación pública llevando tan solo su ejemplar personal de la Biblia.

El proyecto se convirtió en ley el 28 de enero de 1954. A las nueve de la mañana del 29 de enero, ya estaba yo a las puertas del tribunal para presentar una demanda, en representación de todos los testigos de Jehová de la provincia de Quebec, en la que se solicitaba la anulación permanente de esa ley antes de que Duplessis siquiera pudiera usarla. El juez no aceptó un interdicto temporal debido a que la Ley número 38 no se había empleado aún, pero dijo que si el gobierno intentaba aplicarla, yo podía acudir de nuevo a él para conseguir protección. La actuación del juez equivalía a una anulación temporal, pues se frenaría a Duplessis en cuanto intentara siquiera emplear la susodicha ley.

Esperamos esa semana para ver si la policía actuaría al amparo del nuevo estatuto. No ocurrió nada. Para descubrir la razón, preparé una prueba. Dos precursoras, Victoria Dougaluk (más tarde Steele) y Helen Dougaluk (más tarde Simcox), fueron de casa en casa con publicaciones en Trois-Rivières, la ciudad donde Duplessis vivía. Tampoco hubo ninguna reacción. Mientras las hermanas seguían predicando, pedí a Laurier Saumur que telefoneara a la policía provincial. Sin identificarse, se quejó de que los testigos de Jehová estaban predicando y que la policía no hacía valer la nueva legislación de Duplessis.

Tímidamente, el agente que estaba al cargo dijo: “Sí, sabemos que se aprobó la ley; pero al siguiente día los testigos de Jehová consiguieron una orden de juicio de amparo, así que no podemos hacer nada”. De inmediato llevamos de regreso nuestras publicaciones a la provincia, y durante los diez años que el proceso tomó en los tribunales, nuestra obra de predicación siguió adelante con buenos resultados.

Además de conseguir la orden de juicio de amparo, también pretendíamos que se declarara inconstitucional la Ley número 38. Para demostrar que estaba dirigida concretamente contra los testigos de Jehová, decidimos dar un paso arriesgado: enviar al mismo Duplessis un citatorio para que declarara en el juicio. Lo interrogué durante dos horas y media. En repetidas ocasiones, lo confronté con sus declaraciones públicas de “guerra sin cuartel contra los testigos de Jehová” y su afirmación de que la Ley número 38 sería el fin de ellos en Quebec. Enfurecido, me lanzó un ataque personal: “¡Es usted muy impertinente, jovencito!”.

“Señor Duplessis —respondí—, si estuviéramos examinando personalidades, yo podría hacer también unas cuantas observaciones. Pero como tenemos asuntos que atender, ¿quisiera, por favor, explicarle al tribunal por qué no contestó a la última pregunta?”

En 1964 llevé el caso de la Ley número 38 ante el Tribunal Supremo de Canadá, pero este optó por no juzgar su constitucionalidad debido a que nunca se había aplicado. Para entonces Duplessis había muerto, y a nadie le interesaba ya esa ley. Nunca se utilizó, ni contra los testigos de Jehová ni contra nadie más.

Poco antes de que Duplessis muriera en 1959, el Tribunal Supremo de Canadá le impuso pago por daños al hermano Roncarelli debido a la cancelación ilegal de su licencia para la venta de licor. A partir de entonces, muchas personas de Quebec se hicieron muy amigables. La cantidad de Testigos en la región ha aumentado de trescientos en 1943, a más de treinta y tres mil en la actualidad, según un censo del gobierno. Hoy día se considera a los testigos de Jehová la cuarta agrupación religiosa más numerosa de la provincia. No le atribuyo a ningún ser humano el mérito por estas victorias legales ni por el éxito del ministerio de los testigos de Jehová. Más bien, para mí es patente que Jehová da la victoria, pues la batalla es suya, y no nuestra (2 Crónicas 20:15).

Pierre Elliott Trudeau, posterior primer ministro de Canadá, escribió que los testigos de Jehová de Quebec habían “sido ridiculizados, perseguidos y odiados por toda nuestra sociedad; pero se las han arreglado por medios legales para luchar contra la Iglesia, el gobierno, la nación, la policía y la opinión pública”.