“La ley del consentimiento informado ha tenido como base dos principios: primero, que el paciente tiene derecho a recibir suficiente información como para seleccionar como persona informada entre los tratamientos que se recomiendan; y segundo, que el paciente tiene la opción de aceptar o rechazar la recomendación del médico. [...] A menos que a los pacientes se les vea como personas que tienen derecho a decir que no, así como a decir que sí, y hasta que sí con algunas condiciones, gran parte de la razón para el consentimiento informado se evapora” (Informed Consent—Legal Theory and Clinical Practice [Consentimiento informado.—Teoría jurídica y práctica clínica], 1987a).

Sin embargo, Informed Consent for Blood Transfusion (Consentimiento informado a la transfusión de sangre) (1989) informa que algunos tribunales se angustian tanto porque un paciente está dispuesto a aceptar cierto riesgo por sus derechos religiosos “que se inventan excepciones jurídicas —ficciones jurídicas, si se quiere— para permitir que se dé una transfusión”. Puede que traten de excusar su procedimiento diciendo que hay preñez envuelta en el caso o que hay niños que necesitan su sustento. “Esas son ficciones jurídicas —dice el libro—. El adulto competente tiene derecho a rehusar tratamiento.”

Estados Unidos: “A la base de lo imprescindible del consentimiento del paciente está el concepto ético de la autonomía individual, que las decisiones sobre lo que haya de sucederle a uno debe tomarlas uno mismo. La razón jurídica para exigir consentimiento es que un acto médico ejecutado sin el consentimiento del paciente constituye agresión”.—“Informed Consent for Blood Transfusion” (Consentimiento informado a la transfusión de sangre), 1989.