Representantes especiales del papa intervinieron “en el asunto de la herejía”. Y así la Inquisición floreció en dicha región.

La Inquisición tiene sus cimientos en los siglos XI y XII, tiempo en que varios grupos de disidentes comenzaron a surgir en la Europa católica. Pero en realidad, la Inquisición fue instituida por el papa Lucio III en el sínodo de Verona, Italia, en 1184. En colaboración con Federico I Barbarroja, emperador del Santo Imperio Romano, el papa decretó que cualquier persona que hablara o hasta pensara en contra de la doctrina católica sería excomulgada por la iglesia y debidamente castigada por las autoridades seglares. A los obispos se les instruyó que buscaran (en latín, inquirere) a los herejes. Este fue el comienzo de lo que se llamó la Inquisición episcopal, es decir, a cargo de los obispos católicos.

Medidas más severas

Sin embargo, resultó que a los ojos de Roma no todos los obispos tenían suficiente celo como para investigar y buscar con empeño y persistencia a los disidentes. Por eso, varios papas en sucesión enviaron legados papales que, con la ayuda de los monjes cistercienses, tenían la autorización de llevar a cabo sus propias “investigaciones” tocante a la herejía. De modo que por algún tiempo la Inquisición tomó dos vertientes: la llamada episcopal o de los obispos y la de los legados, llegando esta última a ser la más severa.

Ni aun esta Inquisición más severa fue suficiente para el papa Inocencio III. En 1209 lanzó una cruzada militar en contra de los herejes del sur de Francia. Estos eran en su mayoría cátaros, un grupo religioso que fusionaba el maniqueísmo con el gnosticismo cristiano apóstataa. Dado que Albi era una de las ciudades donde más abundaban los cátaros, se les llegó a conocer como albigenses.

La “guerra santa” contra los albigenses terminó en 1229, pero aún no se había erradicado totalmente a los disidentes. De modo que ese mismo año el papa Gregorio IX, en el sínodo de Tolosa, ciudad en el meridiano de Francia, dio un nuevo incentivo a la Inquisición. Hizo preparativos para que en cada parroquia hubiera inquisidores permanentes, entre quienes también se incluía a un sacerdote. En 1231 este mismo papa emitió una ley por medio de la cual a los herejes impenitentes se les condenaría a morir quemados y a los arrepentidos a cadena perpetua.

Dos años más tarde, en 1233, Gregorio IX exoneró a los obispos de la responsabilidad de buscar a los herejes. Entonces instituyó la Inquisición monástica, llamada así porque nombró a monjes como inquisidores oficiales.

Torturas aprobadas por el papa

En 1252 el papa Inocencio IV emitió la bula Ad exstirpanda, con la que oficialmente autorizaba el uso de torturas por los tribunales eclesiásticos de la Inquisición. Los papas Alejandro IV, Urbano IV y Clemente IV promulgaron otras reglas tocante a la manera de torturar.

Al principio, a los inquisidores eclesiásticos no se les permitía estar presentes cuando se administraba la tortura, pero los papas Alejandro IV y Urbano IV quitaron esta restricción. Esto permitió que el “interrogatorio” se continuara en la cámara de torturas. Tal como se autorizó en un principio, a la persona se le podía torturar solo una vez, pero los inquisidores buscaron la manera de evadir esta restricción y alegaban que las reanudadas sesiones de tortura eran solo “una continuación” de la primera.

La Inquisición española, autorizada en 1478 por el papa Sixto IV, se dirigió primeramente contra los marranos, o judíos españoles, y los moriscos, o musulmanes españoles. Se sospechaba que muchos de estos, que por temor habían adoptado la fe católica, continuaban practicando en secreto su religión original.

[Ilustración en la página 22]

El papa Inocencio IV autorizó el uso de torturas